Mientras muchos solo declaman, nuestra provincia puede mostrar resultados concretos.
Autor: Martín Kerchner
Vivimos tiempos en que la sociedad argentina exige cada vez más austeridad, eficiencia y responsabilidad en el uso de los recursos públicos. En ese contexto, un reciente informe de Fundación Libertad, elaborado a partir de los presupuestos provinciales de 2026, permite dimensionar cuánto cuesta el funcionamiento de las legislaturas del país. Y los datos ubican a Mendoza en una posición relativa destacada.
Según el estudio, las 24 jurisdicciones argentinas destinan en conjunto alrededor de $1,84 billones anuales al funcionamiento de sus poderes legislativos, con un costo promedio de aproximadamente $1.531 millones por legislador por año.
En Mendoza, en cambio, el presupuesto de la función legislativa asciende a aproximadamente $40.512 millones para 86 legisladores, lo que representa un costo anual de alrededor de $471 millones por legislador. De acuerdo con la comparación presentada en el informe, solamente Santiago del Estero y San Luis registran valores inferiores.
Esto significa que el costo por legislador de Mendoza se encuentra cerca de un 69% por debajo del promedio nacional.
No se trata solamente de observar quién gasta más o quién gasta menos. Las legislaturas cumplen una función institucional imprescindible: sancionar leyes, representar a los ciudadanos y controlar al Poder Ejecutivo. La discusión relevante es cómo cumplir esas funciones con estructuras razonables y cuidando los recursos que aporta la sociedad.
Y en ese punto Mendoza tiene un dato concreto para mostrar.
Durante años nuestra provincia ha procurado instalar como principio de gestión que el Estado debe administrar sus recursos con los mismos criterios de responsabilidad que se exigen al resto de la sociedad. Ese principio no debería circunscribirse al Poder Ejecutivo: debe alcanzar al conjunto del sector público.
El propio informe muestra, además, que existen enormes diferencias entre jurisdicciones. Tucumán registra un costo superior a $3.724 millones por legislador; CABA supera los $3.401 millones y Chaco los $3.056 millones. En el otro extremo aparecen Mendoza, Santiago del Estero y San Luis.
Naturalmente, estas cifras deben interpretarse con cuidado. El indicador utilizado divide el presupuesto total de cada Poder Legislativo por la cantidad de legisladores, por lo que no representa el salario individual de un diputado o senador. Incluye el conjunto de la estructura legislativa: personal, asesores, administración y demás gastos necesarios para su funcionamiento. El informe señala que, entre las provincias para las cuales dispone de información, el gasto en personal representa en promedio el 84% del gasto legislativo.
Pero aun considerando esas diferencias estructurales, la comparación resulta relevante: Mendoza sostiene una de las legislaturas con menor costo relativo del país.
Productividad
La austeridad, además, no debe medirse únicamente por cuánto se gasta, sino también por la capacidad de trabajo y los resultados que se obtienen con esos recursos. La Legislatura de Mendoza mantiene una dinámica de sesiones semanales -una característica que incluso ha sido destacada públicamente frente a otras jurisdicciones[1]- y, en lo que va de la actual gestión, ha aprobado más de 200 leyes. Es decir, el bajo costo relativo no ha implicado menor actividad institucional, sino que convive con una elevada intensidad de trabajo legislativo. La frecuencia semanal de sesiones ha sido señalada públicamente como una particularidad de la Legislatura mendocina.
Todos estos indicadores positivos no significan que no haya nada por mejorar. La austeridad no es una meta que alguna vez se alcanza definitivamente. Es una conducta permanente. Siempre existen procedimientos que pueden simplificarse, tecnologías que pueden incorporarse y recursos que pueden administrarse mejor.
Lo importante es la dirección.
Autor: Martín Kerchner
