El reciente fallo de la Justicia estadounidense por la expropiación de YPF encendió todas las alarmas. El impacto económico será multimillonario y afectará seriamente al país.
Autor: Martín Kerchner
El reciente fallo de la Justicia estadounidense por la expropiación de YPF encendió todas las alarmas. La Argentina deberá entregar el 51% de las acciones de la compañía a los fondos Burford y Eton Capital, que adquirieron los derechos de litigio de la familia Eskenazi, antiguos accionistas de la petrolera. El impacto económico será multimillonario y afectará seriamente al país.
Los responsables tienen nombre y apellido: Cristina Fernández de Kirchner y su entonces ministro Axel Kicillof, quienes desde el Poder Ejecutivo convirtieron una operación compleja en un show mediático, tomando decisiones que hoy se traducen en consecuencias devastadoras. No se puede cargar la culpa sobre quienes aprobaron en el Congreso el marco legal para la expropiación de YPF en 2012; sería tan absurdo como responsabilizar a quienes votan leyes para expropiar terrenos si luego la ejecución de la obra es desastrosa. Una cosa es la norma, otra muy distinta es cómo se la implementa.
Una historia sin fin
Todo comenzó en 1993, durante el primer gobierno de Carlos Menem, cuando YPF fue privatizada y empezó a cotizar en la Bolsa de Nueva York. En ese contexto se estableció un estatuto que obligaba a cualquier comprador mayoritario a realizar una oferta pública de adquisición (OPA) por el resto de las acciones.
